Por Adriana Meyer – Socompa (15/01/2023)
Eduardo Silveyra es escritor y periodista. Publicó cuentos, notas y ensayos en distintos medios de Argentina y Uruguay. En su último libro analiza los prontuarios de los jefes de la Policía Metropolitana, los femicidios, el gatillo fácil y la doble vara del macrismo respecto de las diversidades.
Una tarde cualquiera de invierno en la esquina de Juan B. Justo y Santa Fe un muchacho limpiavidrios acuerda con la mirada que la conductora del SUV rojo le dará unas monedas cuando termine de pasar el trapo a su parabrisas. Ajenos a ese acuerdo, un grupo de policías de la Ciudad lo toman de su ropa y lo tiran a la vereda. El hombre empieza a gritar que no hizo nada malo, que no rompió ninguna ley pero nada importa. Empieza a recibir golpes supuestamente para reducirlo. Una chica empieza a filmar la escena con su celular, la rodean y le quitan el dispositivo. Ella se resiste a los gritos. El hombre alcanza a decirle su nombre. La escena resonará algunos minutos después en las redes sociales.
¿Acaso es necesario decirle a nuestros hijos que deben cuidarse y alejarse cuando ven a un uniformado de la Ciudad?
El macrismo que gobierna la Capital desde hace décadas tuvo la gran oportunidad de crear una fuerza desde cero sin los defectos de fábrica de las anteriores, pero no le importó. Por el contrario, el libro de Silveyra demuestra que cuanto más abultado es el prontuario más chances tienen de ser nombrados, además del aval no reconocido de la embajada de Estados Unidos. Claro que, aunque hubieran querido hacerlo, hubiera resultado complicado encontrar los suficientes hombres con legajos sin manchas ni denuncias.
Así como a nivel nacional la administración del PRO inventó al “mapuche terrorista”, a nivel local el enemigo interno resultó ser el pobre. A poco de su creación en 2008 por el entonces jefe del gobierno porteño Mauricio Macri, la Policía Metropolitana protagonizó feroces represiones en la Villa 31, la sala Alberdi, el hospital Borda y el Parque Indoamericano, además de ataques a la prensa. La Metropolitana estuvo conformada por ex policías federales, ex gendarmes, ex policías provinciales (no solo bonaerenses, por ejemplo, entraron muchos santafesinos) y hasta ex miembros de las Fuerzas Armadas. La mayoría estaba en actividad y se pasó porque el sueldo básico era superior.
Los dos primeros jefes de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios –impugnado por el CELS y otras organizaciones– y Osvaldo Chamorro, ambos ex policías federales, fueron desplazados de sus cargos de manera sucesiva en medio de un escándalo por espionaje ilegal. De esos 52 altos mandos, 38 tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar. De los legajos revisados para los puestos de conducción, 9 habían pasado a disponibilidad en 2004 como parte de una purga. La mitad de los oficiales separados tenía alguna causa judicial o sumario administrativo abierto. Esta tendencia no se revirtió luego de la forzada dimisión de los dos primeros jefes. Además, a finales de 2010, la Policía Metropolitana reclutó a varios de los oficiales de la PFA que, por distintas causas, el Ministerio de Seguridad de la Nación había pasado a retiro.
En el mismo sentido, los perfiles de formación de varios de los agentes incorporados presentan antecedentes en áreas de inteligencia, capacitación en “lucha antisubversiva” y “guerrilla urbana”, varios en la época de la última dictadura militar. “Existían requerimientos y obstáculos legales para evitar que ingresaran a la fuerza tanto militares como ex policías sospechados o con prontuarios oscuros. El Gobierno porteño se movió activamente para evadir esos obstáculos e integrar la nueva fuerza a partir de elementos provenientes de fuerzas que arrastran las peores prácticas en lo que hace al uso de la fuerza y la corrupción. Y también mostró la necesidad de que se la integre con personas con vínculos corporativos con la Federal, la Bonaerense, las Fuerzas Armadas, la comunidad de inteligencia y la justicia federal de la ciudad”, expresaron los organismos de derechos humanos.
El 1° de enero de 2017 comenzó a operar en la CABA la nueva fuerza de uniformes bordó y celeste, la Policía de la Ciudad, la fusión de la Metropolitana con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Quedó constituida como una megafuerza de 27 000 efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes, casi el triple de los 300 por 100 000 que recomienda la ONU como “óptimo”. Opacando los 22 casos de asesinatos por gatillo fácil de su antecesora entre 2011 y 2016, a noviembre de 2020 eran 91 los casos de la Policía de la Ciudad desde enero de 2017.
Silveyra desmenuza esos orígenes, los prontuarios de los recientes jefes policiales, el origen de la expresión gatillo fácil y la doble vara del macrismo respecto a las diversidades, los casos de “femicidios de uniforme” y las implicancias de la obligatoriedad de portar el arma fuera de servicio; el fenómeno frecuente de los “polichorros” (o cuando te roba el que debería cuidarte), y el racismo intrínseco de la fuerza, desplegado en el recuerdo del impactante caso de Massar Ba, quien fue encontrado gravemente herido muy cerca de su domicilio, y a las horas murió en el Hospital Ramos Mejía. Llegado a la Argentina en 1995, era uno de los líderes de la organización senegalesa humanitaria Daira, de las primeras asumir la defensa de los vendedores ambulantes, uno de los blancos predilectos de la Policía Metropolitana. Estas temáticas son abordadas por el autor con detallados e investigados casos concretos y reales, cuya base es el poder territorial de las respectivas comisarías en cuanto a la administración de las respectivas cajas de recaudación, desde los cuidacoches y los vendedores ambulantes en torno al Monumental en Núñez, hasta la venta de droga o la prostitución en otros barrios de la CABA.
Es probable que el joven policía de origen armenio, Arshak Karhanyan, haya sido testigo involuntario de algún asunto turbio porque nada se sabe de él desde el 24 de febrero de 2019. Como dice Vardush, madre del desaparecido, “se lo tragó la tierra” pero en circunstancias más que sospechosas. Hay integrantes de la Policía Federal que están desde la Metropolitana, y otros desde la fusión. Esa es una de las duras internas que perduran y quizás Karhanyan haya quedado en medio de ellas.
El enfoque de Silveyra pone luz en una fuerza cuyos integrantes provenientes de sectores de bajos recursos se aseguran un salario que duplica el de cualquier trabajador, cierta pertenencia corporativa y también impunidad si deciden aumentar sus ingresos, abultar sus bolsillos, o pasarse de violentos en las calles porteñas.
Así lo vivió en carne propia Javier Suárez, un trabajador con 17 años de antigüedad en la empresa AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), administrada por el gobierno porteño, cuando regresó a su puesto luego de la pandemia. Encontró su lugar de trabajo copado por policías de la Ciudad, y cuando se quejó le hicieron una denuncia por maltrato laboral contra sus “compañeros”, como si los uniformados de bordó y celeste tuvieran la capacidad de ser compañeros de los empleados. Historias similares a éstas, narradas con una pluma ágil, encontrará el lector para conocer en profundidad a esos señores y señoras armados que, en teoría, custodian la ley y el orden en territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
