El 13 de octubre de 1980, el Comité Nobel anunciaba la concesión del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, en reconocimiento a su lucha constante y no violenta por los derechos humanos en América Latina, en un periodo marcado por atroces dictaduras militares.
Pérez Esquivel se desempeñaba como Secretario General del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), una organización fundada en 1974 que promovía la liberación de los pueblos mediante la Noviolencia activa. Bajo su liderazgo, el SERPAJ se convirtió en una de las voces clave para denunciar las atrocidades cometidas por las dictaduras del Cono Sur, especialmente en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
Desde ese espacio, trabajó incansablemente para documentar y visibilizar a nivel internacional las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos políticos que tenían lugar en la región.
En un contexto de extrema violencia estatal, y en el que también emergieron grupos de resistencia armada, Pérez Esquivel se mantuvo firme en la filosofía de la Noviolencia, inspirada en figuras como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Este enfoque resultó crucial para el Comité Nobel, pues representaba una alternativa ética y no violenta frente a la brutalidad represiva.
Al otorgarle el premio, el Comité no solo honraba su labor, sino que enviaba un mensaje de apoyo y reconocimiento a todos los pueblos de América Latina que sufrían bajo regímenes opresores. El propio Pérez Esquivel había sido víctima directa de la dictadura: en 1977 fue secuestrado, torturado y sobrevivió a los vuelos de la muerte. Permaneció como detenido-desaparecido durante 14 meses y luego cumplió casi dos años más de prisión preventiva.
La mirada del Comité Nobel trascendía las fronteras argentinas. Pérez Esquivel y el SERPAJ representaban una red continental de resistencia noviolenta frente a las dictaduras coordinadas por el Plan Cóndor. El galardón visibilizó la lucha por los derechos humanos como un problema regional que exigía atención global, al tiempo que otorgó legitimidad internacional a las organizaciones de la sociedad civil.
El premio fue un duro golpe para la imagen internacional del régimen militar, que intentó minimizar su importancia. De este modo, destacó el poder de los activistas y las organizaciones de lucha por sus derechos.
