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La ley Ómnibus nos tira del colectivo

Por Elvio Zanazzi | Escritor. Coordinador de ediciones de Editorial De la Comarca

El proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional deroga 300 leyes vigentes votadas por el Parlamento argentino. Tal medida supone la pérdida de derechos populares que costó años conquistar a fuerza de lucha y movilización. En relación con la Cultura la mega ley pretende cerrar instituciones como el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), además de desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), y derogar la Ley 25.542 que garantiza un precio único en la venta de libros.

La Ley 25542 establece que los editores deben definir el precio de los libros que publican y que ese precio debe respetarse en todos los puntos de venta en librerías, desde la más pequeña a la más grande.

El espíritu de la ley reafirma que el libro no es solo una mercancía sino un bien cultural. El precio fijo favorece el fortalecimiento de la industria editorial nacional.

La desregulación perjudica a las librerías pero también a las editoriales independientes que hacemos un esfuerzo enorme para promover la literatura, las ideas, el debate y la lectura. Perjudica también a las imprentas y fundamentalmente a quienes ejercen el oficio de escribir y a quienes disfrutan el ejercicio de leer, y manda al ocaso a las bibliotecas populares.

Las beneficiarias del proyecto Milei son las multinacionales que copan el mercado editorial, que monopolizarán con esta liberación de precios el sube y baja que más les convenga, como sucede con los alimentos y cualquier sector concentrado de la economía que deriva en precios impagables.
Tanto el DNU como el proyecto de ley Ómnibus son gravísimas injerencias del Poder ejecutivo nacional en los demás organismos del Estado cuya representación parlamentaria –al igual que el Presidente- fue proclamada por el voto democrático.

La cultura también está en peligro, los libros están en peligro, las editoriales estamos en riesgo de sostenimiento, las librerías medianas y pequeñas, también, y las bibliotecas tienen un destino de cierre. Que esta ley salga significaría una catástrofe social y cultural y sentaría un precedente monárquico que remonta al pasado lejano en el que el poder lo ejercían unos pocos a costa del sacrificio de las grandes mayorías.

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