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Argentina en su tercera crisis de deuda

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los
capitales destruidos por la crisis, no es remediar la
pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la
riqueza del país. La deuda representa más la pobreza
que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino
exponerse a empobrecerse por la facilidad con que
siempre se gasta lo ajeno”.

Juan Bautista Alberdi

El presente documento de trabajo tiene por objeto analizar en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina tras la asunción de un nuevo gobierno para el período 2023-2027, con el ánimo de encontrar otra forma de abordar las cuestiones de Estado, desde los hechos objetivos y los datos concretos que ayuden a comprender la verdadera naturaleza de nuestros problemas como país y nos alejen de las adjetivaciones personales o de las meras opiniones sin anclaje en la realidad.

A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria.

Esto no significa ignorar la cuestión fiscal, pero creemos que no sólo se trata de una cuestión de egresos sino también de ingresos, ante un sistema tributario que presenta múltiples problemas que van desde un 40% de la economía en negro, hasta la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones, pasando por la existencia de una multiplicidad de impuestos, alguno de los cuales ni siquiera recaudan lo que demanda su administración. Y lo que es más importante, la clara ausencia de percepción de riesgo en un sistema tributario no sólo preparado para la elusión y la evasión, sino para gravar producción y trabajo por sobre lo financiero.

1. LA CLAVE HISTÓRICA

A 40 años de haber recuperado la democracia, Argentina se encuentra atravesando su tercera crisis de deuda. La primera, con origen en la última dictadura cívico-militar y desatada en 1989 con la UCR al frente del gobierno; la segunda, incubada en la convertibilidad y que implosionó en el año 2001 con el gobierno de la Alianza y esta tercera, germinada en el proceso de feroz endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace estamos transitando. Esta vez con una profundización del carácter bi-monetario de nuestra economía, que agrava la ya conocida y estructural restricción externa.

1976-1989. Primera crisis de deuda

En diciembre de 1983 comienza, en nuestro país, el período de democracia ininterrumpida más largo de la historia. El dirigente radical Raúl Alfonsín obtenía el 52% de los votos y el peronismo era derrotado por primera vez en elecciones libres y sin proscripciones. Cabe recordar que en aquel momento, para la elección de Presidente, estaba vigente el sistema electoral indirecto previsto por la Constitución Nacional de 1853. La contundencia del resultado electoral tornó innecesario convocar al Colegio Electoral.

El gobierno que asumía no sólo heredaba un brutal endeudamiento externo contraído por la dictadura cívico-militar, sino que también se encontraba con un cambio en el patrón de acumulación que el país había sostenido durante décadas: desmantelado el modelo industrialista basado en la sustitución de importaciones, generador de trabajo bien remunerado y su consecuente movilidad social ascendente, la dictadura imponía el modelo de carácter estrictamente financiero.

En efecto, el golpe cívico-militar de 1976 que utilizó el terror implementando el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas como método político, en lo económico significó la aparición del modelo de valorización financiera y endeudamiento externo compulsivo, que alcanzó su punto cúlmine a fines de 1982 cuando se estatizó la deuda en dólares que habían contraído los principales grupos económicos del país. Comenzaba así, en 1976, la primera experiencia neoliberal de la economía en Argentina.

De este modo, la dictadura, que había recibido del último gobierno peronista un exiguo endeudamiento externo de 4.941 millones de dólares, entregó el gobierno con un endeudamiento externo superior a los 31.709 millones de dólares. En sólo seis 3 años, la dictadura cívico-militar había multiplicado la deuda externa por más de seis veces, a razón de duplicarla cada 365 días.

Durante ese mismo período, Argentina conoció los índices de inflación más altos de los que se tenía memoria hasta ese momento. Entre 1976 y 1983 el índice de inflación acumulado fue de más de 1.700%, alcanzando el 433,7% anual en 1983, y terminando con el mito de que los altos índices de inflación son producto del “distribucionismo peronista”. Cabe recordar que durante la extensa vigencia del modelo industrialista por sustitución de importaciones, la inflación nunca había superado los dos dígitos anuales.

Junto a la valorización financiera y la inflación apareció el dólar como objeto de deseo y comenzó a consolidarse el bi-monetarismo en nuestro país. La cultura, a través de memorables obras cinematográficas, expresó mucho mejor que analistas políticos y económicos, este nuevo valor social.

Viene al caso recordar, sobre todo para quienes militan la anti-política o sostienen que los problemas económicos de la Argentina los provocan los derechos laborales, que durante la dictadura cívico-militar estaba prohibida tanto la actividad política como la sindical. O sea: sin partidos políticos ni sindicatos, la Argentina se endeudó y la inflación escaló a niveles nunca antes conocidos.

El nuevo gobierno democrático que asumía el 10 de diciembre de 1983 aceptaba sin beneficio de inventario la deuda externa heredada y durante el año 1984 la inflación se disparaba al 688%.

El 26 de abril de 1985 el presidente Alfonsín anunciaba, en un acto multitudinario en Plaza de Mayo, que la Argentina debía entrar en una “economía de guerra” y el 14 de junio del mismo año, lanzó el plan de estabilización conocido con el nombre de “Austral”. La inflación descendió abruptamente y al mes siguiente fue del 6,2%. Durante el año siguiente llegó al 81,9%.

Sin embargo, ese plan de estabilización surtiría efecto sólo durante un tiempo para finalmente fracasar. La inflación se convertiría en hiper, llegando al 4.923,7% en 1989, pulverizando la representación política de una fuerza que, con los contundentes triunfos electorales de 1983 y 1985, se presentaba como el “tercer movimiento histórico”.

No es el propósito de este documento analizar las causas del fracaso del Plan Austral ni de su sustituto, el Plan Primavera, que fue más efímero aún; pero es un lugar común en el “mainstream” asignar como razón de ese fracaso no haber realizado las reformas estructurales que demandaba el mercado (léase: privatizaciones). Lo cierto es que, en realidad, el proceso de hiperinflación y la caída de los planes de estabilización se produjo cuando el FMI se negó a desembolsar un tramo del préstamo con el que se debían pagar los vencimientos de bonos de deuda.

Este proceso de crisis, que detonó la representación política del alfonsinismo como partido en ejercicio del gobierno, se tradujo en una crisis institucional acotada porque coincidió con el cronograma electoral de las elecciones presidenciales de 1989 que ganó el candidato peronista Carlos Saúl Menem. Hablamos de crisis institucional acotada porque la “solución” del estallido hiperinflacionario y sus derivaciones consistió en adelantar seis meses el traspaso de mando presidencial.

El nuevo presidente asumió el 9 de julio de 1989, en lugar de hacerlo el 10 de diciembre de ese mismo año, como correspondía. El espacio político que había concitado las esperanzas mayoritarias de la sociedad argentina luego de la dictadura cívico-militar y había obtenido el 52% de los votos, terminó entregando el poder por adelantado.

1989-2001. Segunda crisis de deuda

El 9 de julio de 1989, seis meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem asumía como Presidente de la Nación y heredaba el endeudamiento y la inflación que el radicalismo había recibido de la dictadura y que no pudo o no supo revertir. Tan sólo un año después, en 1990, durante la gestión de Erman González, tercer ministro de economía designado por Menem, se disparaba la segunda hiperinflación alcanzando un porcentaje interanual del 1.343,9%.

Sin embargo, el mundo había mutado y el nuevo Presidente se acomodaba al nuevo escenario internacional. En 1989 caía el Muro de Berlín y se abría el proceso de globalización impulsado por su columna teórica, el Consenso de Washington. Un nuevo Secretario del Tesoro de los EEUU, Nicholas Brady, presentaba un nuevo plan de financiación de deuda para países subdesarrollados que se conoció con su propio nombre: Plan Brady. El mismo fue pergeñado para “asistir” a países como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y México en sus problemas de deuda soberana. Además del consabido menú de bonos de deuda para financiar y tomar más crédito, el plan “sugería” a los países que quisieran acceder, aplicar los lineamientos del Consenso de Washington que incluía las privatizaciones. En este marco se inicia en Argentina el plan de privatizaciones de todos los activos del Estado: YPF, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias, SOMISA, Correo Argentino, ENTEL, etc. Comienza así la segunda experiencia neoliberal de la economía en la Argentina.

Asimismo, en el año 1991, después de sufrir la segunda hiper, el gobierno designaba a su cuarto ministro de economía, Domingo Cavallo, quien presentaba su plan de estabilización conocido con el nombre de Convertibilidad, que consistía en darle a la unidad del peso argentino paridad con la unidad dólar. O sea: un peso valía un dólar. Previamente se había aplicado un plan de canje forzoso de plazos fijos por bonos de deuda conocido como Bonex que constituyó la primera apropiación por decisión del Estado de los ahorros que los argentinos tenían en los bancos. Se iniciaba así, el fenómeno de la apropiación de los ahorros de los argentinos que se produciría ante cada crisis de deuda. Era la primera vez, pero no la última.

Simultáneamente, comenzaba el proceso de liquidación de todas las empresas del Estado que culminó en 1998, un año antes de la entrega del poder, cuando el Gobierno Nacional decidió la desnacionalización de YPF con la venta de su acción de oro. Las cuentas no cerraban y necesitaban dólares para sostener la convertibilidad.

Igualmente es necesario aclarar que en el modelo inicial de la privatización de YPF las provincias productoras de hidrocarburos participaban como propietarias de parte del capital accionario de la empresa y el Estado Nacional, además de su porción accionaria, se había reservado el instrumento conocido como “acción de oro”, que le permitía no sólo vetar decisiones de la empresa, sino participar del diseño de las políticas energéticas como recurso estratégico de la Nación. Se trataba de un modelo de asociación pública y privada, en este caso, federal.

El proceso de liquidación de los activos del patrimonio nacional -la mayoría de ellos pagados con bonos de la propia deuda- más el ingreso de dólares para endeudamiento y para hacer sustentable la convertibilidad, lejos de solucionar el problema, lo agravaron y postergaron su explosión hasta el año 2001. Resulta útil recordar, a los fines de seguir derribando mitos, que durante toda la convertibilidad nunca hubo superávit fiscal.

La apertura indiscriminada de las importaciones, la destrucción del aparato productivo, el remate de campos destinados a la producción agrícola -pese a que durante la convertibilidad se habían eliminado las retenciones en virtud de la paridad dólar- y el consecuente aumento de la desocupación, comenzaron a generar una 6 resistencia social creciente en el marco de lo que ya era una recesión económica. Como dato empírico, la figura tan denostada del corte de ruta conocido como “piquete”, tiene su origen en la Patagonia argentina, para ser más precisos, en la Provincia de Neuquén que se veía afectada por la caída de puestos de trabajos en el sector petrolero.

En 1999, la primera coalición de partidos que se presentó con el nombre de Alianza, ganaba las elecciones presidenciales. El radical Fernando De La Rúa era electo presidente con más del 48% de los votos prometiendo la continuidad de la convertibilidad.

El ministro de economía del nuevo gobierno, José Luis Machinea, que había sido parte del equipo que elaboró los planes Austral y Primavera del gobierno de Alfonsín, lanzó un impuestazo a la clase medida en lo que se conoció popularmente como la “tablita de Machinea” -que era nada más ni nada menos que el aumento al gravamen sobre la cuarta categoría de Ganancias- y generalizó el IVA. Machinea consideraba que el principal problema de la economía argentina era el déficit fiscal. Como estas medidas no alcanzaron, terminaron recortando los haberes jubilatorios y los salarios del sector público.

Previamente habían realizado una reforma laboral, como la que intentó Raúl Alfonsín con la Ley Mucci. Esta vez lograron sancionar la ley pero con un escándalo sin precedentes en lo que se conoció como la “Ley Banelco” -denuncias de sobornos a los Senadores para aprobar la norma-, que terminaría provocando la renuncia del entonces Vicepresidente, cabeza del otro partido integrante de la coalición de gobierno.

Ante la ineficacia de estas políticas y el malestar social creciente, el presidente De La Rúa termina convocando como ministro de economía a Domingo Cavallo, autor y ejecutor del plan de convertibilidad. La historia que siguió es conocida por todos. El FMI, una vez más, negó un desembolso de su préstamo para pagar vencimientos de deuda externa y Cavallo dispuso la incautación de la totalidad de los depósitos bancarios, en una medida conocida popularmente con el nombre de “corralito”.

Así, diez años más tarde, la segunda experiencia neoliberal desembocaba en la segunda crisis de deuda y se producía la segunda apropiación de los ahorros de los argentinos.

Al igual que en 1989, en el año 2001 el FMI le suelta la mano a la Argentina y el país, el gobierno y la convertibilidad vuelan por los aires cuando aún faltaban dos años 7 para completar el mandato presidencial. Resulta esclarecedor señalar que en ese momento no sólo se habían privatizado -una década antes- todas las empresas y activos del estado, sino que hasta el sistema de jubilaciones había sido entregado a las “fuerzas del mercado” a través de la creación de las AFJP, cuyo control estuvo en manos de bancos y financieras.

Así, el presidente que había ganado en primera vuelta con más del 48% de los votos, terminó presentando su renuncia después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país.

Se sucedieron cinco Presidentes en una semana, y uno de ellos declaró formalmente el default de la deuda, que constituyó el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria.

La crisis institucional y de representación política era inédita. En ese marco, se produce la muerte de dos dirigentes sociales durante una protesta en la estación de trenes de Avellaneda. En un primer momento el hecho había sido presentado como una refriega entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, al día siguiente se publicaron en los principales medios del país las fotos del momento en que la policía persigue a los dirigentes sociales, los fusila e incluso le levanta las piernas a uno de ellos para acelerar el desangrado. Este hecho de tremenda gravedad y repercusión nacional e internacional, obliga a Eduardo Duhalde, último presidente electo por la Asamblea Legislativa, a convocar a elecciones presidenciales anticipadas para el 27 de abril de 2003.

2003-2015. Reestructuración y FMI: el fin de la segunda crisis de deuda

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